Nicaragua.- El gobierno de Nicaragua ha respondido a la solicitud de El Salvador de extradición del expresidente Mauricio Funes diciendo que él es una persona asilada pero no dice claramente que lo vaya o no a entregar.

“En realidad Nicaragua solo dice que (Funes) está asilado pero no dice que rechaza la extradición”, confirmó el magistrado de la Corte Suprema, Óscar López Jerez.

El exmandatario se mantiene en Nicaragua desde septiembre de 2016 en calidad de “asilado político”. El régimen de Daniel Ortega le otorgó esa protección luego de que Funes, acuerpado por el FMLN, argumentara que en el país se le persigue por razones políticas.

Nicaragua aceptó esas razones y le concedió un asilo exprés al exgobernante, a su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, el hijo de ambos (menor de edad) y a los dos hijos mayores de Funes: Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Contrario a las argumentaciones de Funes y del FMLN, las órdenes de captura giradas contra el exmandatario, Guzmán Sigüenza, Funes Cañas y Funes Velasco han sido por delitos penales relacionados a actos de corrupción, no políticos.

De hecho, la decisión de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña de que se tramitara la solicitud de extradición está fundamentada en las acusaciones de que Funes y los otros tres parientes requeridos cometieron lavado de dinero y activos en perjuicio del Estado.

Según la acusación de la Fiscalía General de la República, ellos cuatro, junto al resto de acusados participaron con plena conciencia de una trama corrupta mediante la que sustrajeron 351 millones del Estado a través de la partida de Gastos Reservados, más conocida como ‘partida secreta’, durante la gestión presidencial de Funes 2009-2014.

Con base en el requerimiento fiscal, el juez Séptimo de Instrucción de San Salvador solicitó la extradición de Funes y familia de Nicaragua para que enfrenten acusaciones de lavado de dinero en el caso denominado por la Fiscalía como “Saqueo Público”.

La respuesta recibida de las autoridades de ese país será remitida al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, explicó el magistrado López Jerez.

El magistrado dijo que él no está conforme con la respuesta de Nicaragua, “porque los delitos por lo que lo requerimos no son políticos, sino comunes”.

Según la acusación fiscal, de todo el dinero sustraído, Funes se habría apropiado directamente de al menos 10 millones, los cuales usó para pagar créditos personales de él, de Vanda Pignato (su entonces esposa) y de Guzmán Sigüenza, quien era su amante durante su mandato.

Tanto a Pignato como Guzmán Sigüenza, son acusadas de haber recibido dinero público para sus gastos personales y viajes turísticos de ellas y parientes, gastos que quedaron registrados en informes de agencias de viajes remitidos a la Fiscalía, según la acusación.