México.- Un migrante originario de Oaxaca fue deportado de Estados Unidos comenzando un suplició más, ya que además de la deportación fue retenido por integrantes de un grupo delincuencial que ahora pide rescate para que lo libere.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor del indígena mixteco Nabor Antonio Santiago Santiago, víctima de trata de personas, después de ser deportado de los Estados Unidos.

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), informó que el indígena mixteco, originario de Santa Cruz Nundaco, se encuentra retenido de manera ilegal por un grupo delincuencial desde el 3 de mayo pasado, en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con el defensor y promovente de la medida cautelar ante el organismo internacional, el indígena mixteco fue deportado por la policía migratoria de los Estados Unidos el 2 de mayo pasado y posteriormente entregado al Instituto Nacional de Migración (INM), en calidad de mexicano repatriado.

“El INM envió a Santiago a la Casa del Migrante ‘Juan Diego’ de esa ciudad tamaulipeca para albergarse durante un día mientras regresaba a Oaxaca. Una vez instalado en el albergue se comunicó telefónicamente con su madre para pedirle dinero y poder comprar su boleto de autobús hacia su comunidad de origen. Sin embargo, no regreso a Santa Cruz Nundaco”, mencionó.

Fue hasta el 15 de mayo cuando Nabor Antonio nuevamente se comunicó con su madre para pedirle más dinero y pagar por su libertad porque se encontraba detenido por un grupo de personas.

Posteriormente, el 25 de junio pasado volvió a llamar a su madre para pedir más dinero y recuperar su libertad.

En reiteradas ocasiones le decía que lo tenían amenazado diciéndole “mamá por favor mándame ese dinero, ya con ese haber si me liberan” por lo que su madre le preguntaba en dónde estaba, por lo que él le respondía “mira mamá a mí me duermen, me tapan la cara y me suben a una Van, me llevan a otro lugar para trabajar”, escuchándose su voz entrecortada.

Los familiares de Nabor Antonio acudieron el 13 de junio a la Fiscalía General del Estado a denunciar los hechos y así se dio inició a la carpeta de investigación 20104/FDAI/UECS/2019.
La CIDH solicitó al Estado mexicano que tenga a bien informarle dentro del plazo de 15 días sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica.

De igual forma, pide que se concierten las medidas a adoptarse con los representantes del beneficiario; e informe sobre las acciones tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.