Noticias llenas de esperanza para muchos en una situación atípica y agobiante, florecieron en el tribunal federal en Harrisburg, Pensilvania, El juez John E. Jones III, dictaminó este martes que la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) libre de inmediato a 10 personas que corren un alto riesgo de contraer COVID-19.

Esta respuesta surge en consecuencia de parte de una demanda exigida por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), donde pelearon y expusieron razones de fuerza mayor ante los fundamentos razonables de dicha institución, los cuales demostraron que los inmigrantes pueden ser contagiados debido a su edad y condiciones médicas preexistentes debido a la exposición de condiciones insalubres que se encuentras en los centros de detención.

“En este punto, no se trata de si COVID-19 ingresará a las cárceles de Pensilvania, sino cuándo finalmente se detectará. No es improbable que COVID-19 ya esté presente en algunas cárceles del condado”, indicó el juez Jones III.

La celebración no se hizo esperar por parte de Reggie Shuford, director ejecutivo de ACLU, quien manifestó que la decisión, era justa y razonable.

La organización califico que el triunfo es un fuerte mensaje para que ICE libere en todo el país a las inmigrantes en riesgo, como lo han citado organizaciones civiles y más de 3,000 expertos profesionales de la salud.

“Esto envía un fuerte mensaje a las oficinas de campo de @ICEgov”, indicó la organización. “Ahora es el momento de liberar a las personas que están en riesgo de enfermedad grave o muerte por COVID-19”.

La demanda inicialmente incluía a 13 personas, pero ICE había liberado a tres, según la ACLU.

“El tribunal determinó que ICE no puede mantener seguras a las personas mayores y médicamente vulnerables y, por lo tanto, debe liberarlas”, dijo Witold Walczak, director legal de la ACLU de Pensilvania.

Jones III reflexionó que este fallo era necesario, ya que inversamente podrían tener resultados “desmesurados” y, posiblemente, “bárbaros” en las prisiones migratorias.

“Nuestra Constitución y leyes se aplican por igual a los más vulnerables entre nosotros, particularmente cuando se trata de asuntos de salud pública”, expresó.

Mientras tanto representantes de la agencia alegan que ha continuado con los respectivos los protocolos federales correspondientes al sistema de prisiones, pero los defensores atribuyen el problema es en base a la falta de atención médica.

Actualmente según las estadísticas en su página web, a donde la agencia pide aquilatar todas las peticiones sobre el tema, se confirman cuatro inmigrantes con COVID-19, cinco guardias, así como 28 empleados administrativos de la agencia en la misma condición.

Todos los pacientes enfermos se sitúan en Nueva Jersey, mientras los empleados de prisiones dos están en Aurora, Colorado; dos en Nueva Jersey y uno más en Texas.

Este martes, el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Joaquín Castro (Texas), y otros tres miembros, se añadieron a las protestas activistas a fin de forzar a la agencia migratoria para que deje en libertad a los inmigrantes en riesgo de contraer COVID-19, incluyendo niños.

“Las instalaciones de ICE han demostrado estar mal preparadas para proporcionar atención médica adecuada a los detenidos vulnerables y han tenido problemas para contener brotes”, exteriorizaron en un comunicado.

Así mismo a esa lucha se sumaron los congresistas Linda T. Sánchez (California), Alexandria Ocasio-Cortez (Nueva York) y Jesús “Chuy” García (Ilinois).