Por Fanny Roca

Corte faculta a la administración Gobierno de Donald Trump a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consiga extender el proceso de deportaciones aceleradas.

La disposición del tribunal federal de apelaciones de Washington se amplía a todo el espacio de Estados Unidos y abole una disposición previa que surgió a favor de los grupos defensores de los inmigrantes.

La corte federal de apelaciones, decidió este martes que el Gobierno tiene la facultad de acelerar la deportación de indocumentados, un fallo que perjudicara a muchos y ha llevado a los demandantes a prometer que persistirán la vía legal para tratar de abolir ese programa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los jueces piensan que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende ICE, posee la facultad absoluta sin pasar a un proceso de revisión en muchos de los casos para poder ejecutar cambios en las expulsiones aceleradas.

Las deportaciones apresuradas se amplían a más 100 millas de la frontera, consintiendo el arresto y la deportación de muchos inmigrantes que no consiguen probar que han vivido por más de dos años en el territorio nacional.

Las deportaciones aceleradas se iniciaron a efectuar en el año 2019, pero la medida desde 2004 solo se empleaba con los inmigrantes que fueran hallados en una extensión 100 millas de la frontera o a menos de 14 días de que ingresaran al país.

Previamente una demanda dirigida por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) logró obtener un amparo que impidió la ampliación del programa a “todos los individuos sin documentos que hayan residido en Estados Unidos durante menos de dos años”.

El fallo de la corte federal mantenía que la expansión de esta era ilegal y caprichosa y vulneraba la Ley de Procedimientos Administrativos (APA).

En la actualidad el gobierno apeló y en su sentencia la corte arguyó que cuando el Congreso certificó el programa de deportación expeditiva en 1996, como parte de la Ley de Reforma sobre la Inmigración Ilegal, la secretaría de Seguridad Nacional fue acreditada a expandirlo sin atenerse a las disposiciones de la APA.

“La decisión es del secretario, y él tiene todo el poder para expandir o contraer” el programa, dictaminaron los jueces al levantar el fallo de primera instancia.

Por otra parte, la lucha de los defensores de los derechos humanos de los inmigrantes, han solicitado que se contenga esta disposición que considera por muchas instituciones injusta e innecesaria.

La Unión Estadounidense por Las Libertades Civiles y otras instituciones favorecedoras de la demanda expusieron que la disposición de la corte de apelaciones es “la primera ronda de nuestra lucha” contra la decisión de la Administración Trump.

Los activistas arguyen que la ampliación de los procesos acelerados deja sin oportunidad de la más mínima defensa para poder defender sus casos y se les niega rotundamente el derecho de ser escuchados.

Los grupos de defensores han avisado que las deportaciones masivas del DHS podrían ocurrir sorpresivamente y con mayor inmediatez actualmente y no deja espacio para poder asesorarse a muchas personas que no conocen sus derechos
Esta medida significa que el DHS se podrán incluir en las expulsiones a más inmigrantes no solo de la zona fronteriza de Estados Unidos sino de todo el territorio americano.

Se ha especificado que solamente las personas que lleguen de otros países para solicitar asilo o comprueben peligro en sus países de origen, podrían lograr que se detuviera una orden por deportaciones aceleradas.

Ante los acontecimientos legales, la juez Patricia Millet manifestó la complejidad de la situación: “Difícilmente podría haber una expresión más definitiva de la intención del Congreso de dejar la decisión sobre el alcance de la remoción acelerada, dentro de los límites legales, al juicio independiente del secretario (de Seguridad Nacional)”.

Sin embargo, la corte no expresó informe alguno sobre las solicitudes de los grupos de derechos humanos y el caso se alterna ya a otra instancia federal.

Con esta aprobación legal el paisaje se torna diferente para miles que ingresan a diario al país el panorama es menos alentador para muchos que tratar de llegar en busca de un futuro mejor. por si fuera poco, a esto se le suma la decisión, emitida por el presidente con la orden ejecutiva que prohíbe la autorización de visados para ciertas categorías de trabajadores extranjeros hasta 2021 para potenciar el empleo entre los estadounidenses, amparándose en la idea de “EE.UU. primero”.